- La iniciativa, que plantea como un agravante el asesinato de menores de 18 años, fue propuesta por el diputado Nazario Norberto Sánchez (MORENA) y turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Ante el incremento de la violencia y los homicidios de niñas, niños y adolescentes que se registran en todo el país, el Congreso capitalino analiza una iniciativa para reformar el Código Penal de la Ciudad de México y considerar como un agravante en el delito de asesinato cuando éste se cometa contra menores de edad.
Al presentar esta propuesta, durante la sesión ordinaria de este jueves, el diputado Nazario Norberto Sánchez, resaltó la importancia de reconocer y garantizar el respeto a los derechos de la niñez, y proteger la seguridad de las niñas y niños que habitan y transitan en la capital.
El legislador, integrante del grupo parlamentario de MORENA, informó que con base en cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2010 y 2016 fueron asesinados 8 mil 644 menores de edad en el país, lo que representa un promedio de más de tres niñas y niños muertos por día.
“Lamentablemente las y los niños no son ajenos a la violencia”, consideró.
Con respecto a los casos de feminicidio en los que las víctimas son niñas y adolescentes, Norberto Sánchez expuso que entre 2015 y 2018 se duplicó a nivel nacional la cantidad de homicidios contra este sector, al pasar de 422 en 2015 a 861 en 2018.
En este sentido, explicó que la legislación establecida en el actual Código Penal de la Ciudad de México no considera como un agravante el asesinato de personas menores de edad, por lo que propuso una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el segundo párrafo del artículo 125 de este ordenamiento.
“Los invito a que sigamos avanzado para salvaguardar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes”, exhortó el diputado.
Tras la presentación de esta iniciativa ante el pleno del Congreso local, a la que se sumaron diversos legisladores de MORENA, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
